Ofensiva de IU para garantizar los suministros minimos vitales
El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo está impulsando un conjunto de iniciativas para garantizar los denominados “suministros mínimos vitales” en los 80 ayuntamientos de Andalucía en los que gobierna Izquierda Unida. Estos mínimos se refieren a un acceso a la energía eléctrica que posibilite satisfacer las necesidades esenciales, así como a una cantidad de agua al día que permita el consumo personal y doméstico imprescindible para evitar caer en la exclusión o en la pobreza energética, a aquellas personas que no lo puedan pagar por causas justificadas.
En un contexto general de dura crisis económica y desempleo, existe hoy en nuestro país un gran número de ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Se hace inminente la necesidad de una actuación urgente y contundente de todas las administraciones públicas en defensa de los Derechos Humanos amparados por la ONU y por otros organismos para impedir que posibles impagos por insolvencia económica se traduzcan en cortes de suministros básicos y esenciales a las familias, al ser tratados estos suministros mínimos como derechos exigibles y no caridad.
En materia de agua, la cantidad mínima vital está calculada sobre la base de numerosos estudios comparativos de países o localidades en los que ya se ha tomado una medida similar, siendo la cifra concreta 100 litros por persona y día. En cuanto a energía eléctrica se trata de garantizar el suministro de 1.400 kilovatios/hora al año, como parte del consumo básico.
Maíllo considera esta cuestión como una prioridad política que Izquierda Unida va a trasladar al gobierno andaluz, en una apuesta clara por los sectores que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis-estafa de la que no son culpables sino víctimas.
Para ello serán necesarias algunas prioridades: en primer lugar, por ser lo más urgente, modificar el decreto de exclusión social en lo que respecta a las contrataciones y ayudas alimentarias para incorporar este mínimo, convirtiendo el decreto en norma de inclusión social. En segundo lugar es indispensable contar con un decreto-ley específico que regule este suministro mínimo vital y en tercer lugar promover estas actuaciones en los ayuntamientos.
Antonio Maíllo pone como ejemplo el ayuntamiento de Jerez (PP) que ha privatizado recientemente el servicio público del agua a través de una concesión administrativa del ciclo integral del agua por 80 millones de euros y una previsión de ganancias de 345 millones a costa de un derecho humano como este. Frente al caso del municipio jerezano, contrapone el de ayuntamientos como el de Medina Sidonia (IU), donde se demuestra que la gestión pública del agua tiene repercusión social.
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