EXTRA VIVIENDA Una politica de vivienda transformadora a favor del pueblo
La acción de Izquierda Unida en las instituciones marca la diferencia. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés, lleva dos años situándose al lado de las víctimas de la crisis, poniendo el dedo en la llaga del conflicto de la vivienda, señalando nítidamente a los culpables de la estafa hipotecaria, combatiendo los desahucios y la especulación y defendiendo el derecho humano a la vivienda y su función social consagrada por la Constitución.
Dos acontecimientos recientes de gran repercusión, como son el realojo de familias con menores a su cargo o en riesgo de exclusión social desalojadas de la Corrala Utopía y la decisión del Tribunal Constitucional de mantener suspendidos determinados preceptos de la Ley de Función Social de la Vivienda hasta que haya sentencia firme, nos ofrecen ahora la oportunidad de hacer un balance de las políticas transformadoras de la Consejería de Fomento y Vivienda, políticas que han supuesto miles de desahucios evitados, el fin de la impunidad de la banca en sus prácticas especulativas con la vivienda protegida y el impulso a un cambio de modelo productivo en el sector de la construcción que se oriente al fin hacia la rehabilitación y la eficiencia energética
Utilizando las palabras de la propia consejera, Izquierda Unida ha dado la vuelta “como un calcetín” a las políticas de vivienda de la Junta, orientadas hasta hace sólo dos años a la producción de suelo para construcción de vivienda e inmersa en las dinámicas especulativas que han llevado al sector (y a la economía) al desastre. Políticas que no habían logrado garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda, ni abaratar el acceso a la misma, ni obstaculizar la especulación, y que habían contribuido a la generalización de un modelo de ciudad diseminada e insostenible.
Frente a la mercantilización de la vivienda imperante hasta la presente legislatura, y que continúa practicándose de forma unánime en las instituciones gobernadas por el bipartidismo, Izquierda Unida en el Gobierno andaluz ha hecho toda la política desde la consideración de la vivienda como derecho humano, dedicando sus esfuerzos a transformar de raíz un panorama que podría resumirse en cuatro fenómenos sencillamente insostenibles, resultado de la tradicional alianza entre el capitalismo inmobiliario y las instituciones públicas:
· En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías.
· En Andalucía se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007, año de inicio de la fase más cruenta de esta crisis-estafa.
· En Andalucía el índice de alquiler es del 16%, la mitad que en Europa.
· En Andalucía el peso de la rehabilitación sobre el total del sector de la construcción es del 28%, muy bajo en comparación con el 41% europeo.
Ante este panorama, la Consejería que dirige Elena Cortés ha actuado en varios frentes.
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Las conocidas como oficinas antidesahucios de la Consejería nacieron en octubre de 2012 como una medida de choque con la cual el Gobierno andaluz se ponía del lado de las familias en problemas para pagar su vivienda, orientando a su vez a las personas que quieren acceder a un inmueble sobre fórmulas de tenencia diferentes a la hipoteca de por vida. En su último balance, a 31 de diciembre, las oficinas habían conseguido evitar más de 4.300 desahucios, fundamentalmente a través de la intermediación ante las entidades financieras.
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha logrado además forjar un gran bloque institucional contra los desahucios al que se han sumado ya un tercio de los ayuntamientos andaluces.
Dignificación y defensa del parque público de viviendas.
Andalucía posee un patrimonio de más de 80.000 inmuebles, equivalente a todas las viviendas de la ciudad de Granada. Repartidas por más de 500 municipios, estas viviendas garantizan un techo a más de 350.000 personas de escasos recursos, en su mayoría mediante la fórmula del alquiler. IU ha paralizado los desahucios en el parque público de viviendas en casos de impago por endeudamiento sobrevenido: nadie pierde su vivienda en el parque público por no poder pagar.
En paralelo, la Consejería ha impulsado políticas de dignificación y cuidado del parque público, históricamente olvidado y carente de políticas sociales y de responsabilización colectiva. Ahí cabe inscribir el proyecto piloto de alquiler compensado, que permite a las familias que no pueden pagar el alquiler compensar sus impagos mediante trabajos para la comunidad, reforzándose así su vínculo de responsabilidad con lo público.
En un contexto de estrechez presupuestaria, la inversión en conservación y mantenimiento del parque público se ha disparado de 2 millones en 2012 a 8 en 2013 y 10 en 2014. El decreto de eficiencia energética aprobado por el Gobierno andaluz permitirá además a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA, antigua EPSA) invertir 46 millones en 92 intervenciones en el parque público por toda Andalucía. EPSA, antiguo paradigma de la empresa ineficiente y sobrecargada de dirigentes contratados a dedo, se ha reorientado hacia lo social como AVRA, cesando directivos sin cesantías ni in demnizaciones y demostrando que es posible una empresa pública de vivienda viable si los objetivos son claros y su función pública está garantizada.
Ley de Función Social de la Vivienda.
Aprobada como Decreto por el Gobierno andaluz en abril de 2013 y después como Ley por el Parlamento en septiembre, esta norma persigue fundamentalmente dos fines: uno, sacar en alquiler asequible el inmenso stock de vivienda deshabitada existente en la comunidad, con medidas de promoción para los particulares y sancionadoras para las entidades financieras que mantengan inmuebles desocupados; y dos, evitar desahucios de familias en situación de exclusión social mediante la expropiación temporal de viviendas antes de la consumación del desalojo por parte de los bancos.
En sólo tres meses en vigor desde su publicación en octubre hasta la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la norma obró durante su vigencia un efecto disuasorio sobre todos los desahucios en la comunidad autónoma, ya que las entidades financieras saben que con cada desalojo se exponen a expropiaciones y sanciones.
La norma permitió realizar 39 expropiaciones, evitando otros tantos desalojos de familias de recursos limitados. La imagen de familias humildes empoderadas que lograban la garantía de su derecho a la vivienda en alianza con una administración democrática puesta claramente de su lado, demostrando que existe una alternativa a las políticas de recorte y empobrecimiento, fue más de lo que el Gobierno central y la Troika pudieron soportar.
El recurso del Gobierno, argumentado en base a delirantes hipótesis sobre el ocaso de la economía del capitalismo y de la propiedad privada que supondría el pleno desarrollo de la norma, paralizó la Ley mediante el uso de una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno antes de poder comenzar a sancionar a entidades financieras. El Tribunal Constitucional ha acordado, por siete votos a cinco, mantener la suspensión de las expropiaciones para evitar desahucios y de las sanciones a entidades financieras hasta que haya sentencia. La norma sí ha permitido iniciar procedimientos sancionadores contra la Sareb y contra las principales entidades financieras españolas por ocultar a los registros de demandantes casi 1.100 viviendas protegidas, construidas con dinero público y dedicadas a la especulación pese a haber en Andalucía más de 100.000 demandantes de vivienda protegida. Las posibles sanciones ascienden a más de 120 millones de euros.
Plan de Acción de Viviendas Deshabitadas.
Si IU exige a la banca que cumpla con la función social de sus viviendas protegidas, la Consejería se aplica el cuento. En mayo del año pasado pasó masivamente de venta a alquiler sus 638 viviendas protegidas pendientes de adjudicación, de las que ya ha entregado más de 500, precisamente a familias demandantes a través de los registros.
Como contraejemplo, los ayuntamientos del PP (al igual que hacen las comunidades gobernadas por la derecha en toda España) mantienen cientos de sus viviendas cerradas, bloqueando su salida en alquiler a la espera de operaciones de venta masiva a inversores oportunistas y fondos buitre.
El Ayuntamiento de Sevilla es paradigmático: tiene más de 500 viviendas vacías, algunas calificadas en 2003, mientras en el colmo del cinismo el PP se pretende erigir en gran defensor de los demandantes de vivienda por contraposición a los realojados de la Corrala, ocultando deliberadamente que mientras los primeros optan a una adjudicación por un procedimiento de lista de espera, los segundos sólo aspiran a un techo provisional en virtud de un mandato judicial y con una fórmula prevista por la Ley y totalmente distinta de la adjudicación por registro.
Cultura de la rehabilitación.
“Queremos un país de propietarios, no de proletarios”. La frase la pronunció en 1957 el entonces ministro de Vivienda, el falangista José Luis Arrese. Y la política de vivienda ha sido durante décadas consecuente con esa máxima. El último boom inmobiliario sublimó esa tendencia. El círculo argumental parecía perfecto: la construcción no sólo generaba empleo y prosperidad, sino que permitía a todos los españoles tener su casa, que siempre podrían vender porque la revalorización especulativa sería inacabable.
El crash acabó con esa ficción, dejando a millones de familias hipotecadas de por vida y sin ingresos para hacer frente a los pagos. Ante esta situación, los Gobiernos españoles desde el inicio de la crisis optaron por rescatar a la banca con dinero público y permanecer impasibles ante la oleada de desahucios desatada, bloqueando iniciativas para la regularización de la dación en pago y el alquiler social.
Izquierda Unida parte de un diagnóstico empíricamente demostrado: la construcción masiva de viviendas no garantiza el ejercicio del derecho a la misma, como ha demostrado el fracaso del anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2009. La Consejería de Fomento y Vivienda elabora un plan que supone un contraplano perfecto de la lógica construcción-endeudamiento. El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2013-2019, que el Consejo de Gobierno prevé aprobar en el primer semestre del año, promueve el alquiler y la rehabilitación. Dicho Plan prevé intervenciones de rehabilitación y eficiencia energética en casi 95.000 viviendas, lo que supondrá la creación de más de 100.000 puestos de trabajo ligados a la economía productiva, con mayor protagonismo de pequeñas y medianas empresas.
Esta obra rehabilitadora permite además la captación de fondos europeos del marco 2014-2020, que por normativa no pueden ir dedicados a construcción de nueva planta y que de este modo se ponen al servicio de la creación de empleo y de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones contaminantes fijados por la UE. Similar filosofía subyace a la Mesa de la Construcción, instrumento transversal del Gobierno andaluz que parte también de la prevalencia de las tesis de IU sobre hacia dónde y cómo debe caminar el sector de la construcción para dejar definitivamente atrás la especulación. No en vano, el Decreto de Eficiencia Energética aprobado por el Gobierno andaluz crea un comité sectorial coordinado por Fomento y Vivienda cuya misión es poner coto legal a la especulación por primera vez en una comunidad autónoma.
La Ciudad Amable.
A todo ello se suma el programa La Ciudad Amable, que en su primera convocatoria financiará 52 actuaciones en otros tantos municipios andaluces, todas ellas intervenciones sencillas orientadas a ganar espacio para el peatón y la bicicleta en detrimento del coche, a cambiar la jerarquía viaria, a reordenar el espacio público para configurarlo como patio colectivo. 52 actuaciones austeras y transformadoras, pactadas con los ayuntamientos y fruto del diálogo con la sociedad civil y de la atención a sus demandas y necesidades reales, que supondrán una inversión de 11 millones de euros, cifra escasamente superior a la del Bulevar de Gamonal, convertido en paradigma de la obra faraónica y de escasa utilidad social que IU está dejando atrás.
El cambio radical emprendido por IU en las políticas de vivienda ni es sencillo, ni puede cubrirse en un día, ni por supuesto dejará de encontrarse a su paso con feroces resistencias. Pero sus resultados ya visibles continuarán llegando porque las políticas son fruto de la reflexión colectiva de la organización, de su diálogo con la sociedad civil organizada y del compromiso con la mayoría social de los hombres y mujeres que las lideran.
Pese a los cantos de sirena de los poderes dominantes, que se han lanzado a anticipar una supuesta recuperación económica que está lejos de sentirse entre las clases populares, los datos anticipan un recrudecimiento de los conflictos ligados a la vivienda: la dureza y duración de la crisis, con su correlato en el elevado y prolongado desempleo y en la merma de las ayudas a las familias, han llevado la morosidad hipotecaria a cifras récord; la banca continúa con el crédito cerrado pese a las multimillonarias cantidades de dinero público dilapidadas en su tranquilidad; y el Gobierno tapona y criminaliza cualquier iniciativa, social o institucional, destinada a paliar el sufrimiento de las víctimas de esta inmensa estafa...
En este contexto, Izquierda Unida reafirma desde la calle y desde las instituciones su compromiso con derecho humano a la vivienda y su función social, y comparte con los movimientos sociales la máxima “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”.
Como queda constatado, nuestra fuerza política lleva a cabo una acción profundamente transformadora en materia de vivienda a favor de la mayoría social, impulsando cambios estratégicos para resolver las situaciones de emergencia habitacional con que esta crisis golpea al pueblo. Izquierda Unida demuestra la utilidad de la política, tanto en las calles como en el gobierno.
Dos acontecimientos recientes de gran repercusión, como son el realojo de familias con menores a su cargo o en riesgo de exclusión social desalojadas de la Corrala Utopía y la decisión del Tribunal Constitucional de mantener suspendidos determinados preceptos de la Ley de Función Social de la Vivienda hasta que haya sentencia firme, nos ofrecen ahora la oportunidad de hacer un balance de las políticas transformadoras de la Consejería de Fomento y Vivienda, políticas que han supuesto miles de desahucios evitados, el fin de la impunidad de la banca en sus prácticas especulativas con la vivienda protegida y el impulso a un cambio de modelo productivo en el sector de la construcción que se oriente al fin hacia la rehabilitación y la eficiencia energética
Utilizando las palabras de la propia consejera, Izquierda Unida ha dado la vuelta “como un calcetín” a las políticas de vivienda de la Junta, orientadas hasta hace sólo dos años a la producción de suelo para construcción de vivienda e inmersa en las dinámicas especulativas que han llevado al sector (y a la economía) al desastre. Políticas que no habían logrado garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda, ni abaratar el acceso a la misma, ni obstaculizar la especulación, y que habían contribuido a la generalización de un modelo de ciudad diseminada e insostenible.
Frente a la mercantilización de la vivienda imperante hasta la presente legislatura, y que continúa practicándose de forma unánime en las instituciones gobernadas por el bipartidismo, Izquierda Unida en el Gobierno andaluz ha hecho toda la política desde la consideración de la vivienda como derecho humano, dedicando sus esfuerzos a transformar de raíz un panorama que podría resumirse en cuatro fenómenos sencillamente insostenibles, resultado de la tradicional alianza entre el capitalismo inmobiliario y las instituciones públicas:
· En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías.
· En Andalucía se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007, año de inicio de la fase más cruenta de esta crisis-estafa.
· En Andalucía el índice de alquiler es del 16%, la mitad que en Europa.
· En Andalucía el peso de la rehabilitación sobre el total del sector de la construcción es del 28%, muy bajo en comparación con el 41% europeo.
Ante este panorama, la Consejería que dirige Elena Cortés ha actuado en varios frentes.
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Las conocidas como oficinas antidesahucios de la Consejería nacieron en octubre de 2012 como una medida de choque con la cual el Gobierno andaluz se ponía del lado de las familias en problemas para pagar su vivienda, orientando a su vez a las personas que quieren acceder a un inmueble sobre fórmulas de tenencia diferentes a la hipoteca de por vida. En su último balance, a 31 de diciembre, las oficinas habían conseguido evitar más de 4.300 desahucios, fundamentalmente a través de la intermediación ante las entidades financieras.
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha logrado además forjar un gran bloque institucional contra los desahucios al que se han sumado ya un tercio de los ayuntamientos andaluces.
Dignificación y defensa del parque público de viviendas.
Andalucía posee un patrimonio de más de 80.000 inmuebles, equivalente a todas las viviendas de la ciudad de Granada. Repartidas por más de 500 municipios, estas viviendas garantizan un techo a más de 350.000 personas de escasos recursos, en su mayoría mediante la fórmula del alquiler. IU ha paralizado los desahucios en el parque público de viviendas en casos de impago por endeudamiento sobrevenido: nadie pierde su vivienda en el parque público por no poder pagar.
En paralelo, la Consejería ha impulsado políticas de dignificación y cuidado del parque público, históricamente olvidado y carente de políticas sociales y de responsabilización colectiva. Ahí cabe inscribir el proyecto piloto de alquiler compensado, que permite a las familias que no pueden pagar el alquiler compensar sus impagos mediante trabajos para la comunidad, reforzándose así su vínculo de responsabilidad con lo público.
En un contexto de estrechez presupuestaria, la inversión en conservación y mantenimiento del parque público se ha disparado de 2 millones en 2012 a 8 en 2013 y 10 en 2014. El decreto de eficiencia energética aprobado por el Gobierno andaluz permitirá además a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA, antigua EPSA) invertir 46 millones en 92 intervenciones en el parque público por toda Andalucía. EPSA, antiguo paradigma de la empresa ineficiente y sobrecargada de dirigentes contratados a dedo, se ha reorientado hacia lo social como AVRA, cesando directivos sin cesantías ni in demnizaciones y demostrando que es posible una empresa pública de vivienda viable si los objetivos son claros y su función pública está garantizada.
Ley de Función Social de la Vivienda.
Aprobada como Decreto por el Gobierno andaluz en abril de 2013 y después como Ley por el Parlamento en septiembre, esta norma persigue fundamentalmente dos fines: uno, sacar en alquiler asequible el inmenso stock de vivienda deshabitada existente en la comunidad, con medidas de promoción para los particulares y sancionadoras para las entidades financieras que mantengan inmuebles desocupados; y dos, evitar desahucios de familias en situación de exclusión social mediante la expropiación temporal de viviendas antes de la consumación del desalojo por parte de los bancos.
En sólo tres meses en vigor desde su publicación en octubre hasta la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la norma obró durante su vigencia un efecto disuasorio sobre todos los desahucios en la comunidad autónoma, ya que las entidades financieras saben que con cada desalojo se exponen a expropiaciones y sanciones.
La norma permitió realizar 39 expropiaciones, evitando otros tantos desalojos de familias de recursos limitados. La imagen de familias humildes empoderadas que lograban la garantía de su derecho a la vivienda en alianza con una administración democrática puesta claramente de su lado, demostrando que existe una alternativa a las políticas de recorte y empobrecimiento, fue más de lo que el Gobierno central y la Troika pudieron soportar.
El recurso del Gobierno, argumentado en base a delirantes hipótesis sobre el ocaso de la economía del capitalismo y de la propiedad privada que supondría el pleno desarrollo de la norma, paralizó la Ley mediante el uso de una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno antes de poder comenzar a sancionar a entidades financieras. El Tribunal Constitucional ha acordado, por siete votos a cinco, mantener la suspensión de las expropiaciones para evitar desahucios y de las sanciones a entidades financieras hasta que haya sentencia. La norma sí ha permitido iniciar procedimientos sancionadores contra la Sareb y contra las principales entidades financieras españolas por ocultar a los registros de demandantes casi 1.100 viviendas protegidas, construidas con dinero público y dedicadas a la especulación pese a haber en Andalucía más de 100.000 demandantes de vivienda protegida. Las posibles sanciones ascienden a más de 120 millones de euros.
Plan de Acción de Viviendas Deshabitadas.
Si IU exige a la banca que cumpla con la función social de sus viviendas protegidas, la Consejería se aplica el cuento. En mayo del año pasado pasó masivamente de venta a alquiler sus 638 viviendas protegidas pendientes de adjudicación, de las que ya ha entregado más de 500, precisamente a familias demandantes a través de los registros.
Como contraejemplo, los ayuntamientos del PP (al igual que hacen las comunidades gobernadas por la derecha en toda España) mantienen cientos de sus viviendas cerradas, bloqueando su salida en alquiler a la espera de operaciones de venta masiva a inversores oportunistas y fondos buitre.
El Ayuntamiento de Sevilla es paradigmático: tiene más de 500 viviendas vacías, algunas calificadas en 2003, mientras en el colmo del cinismo el PP se pretende erigir en gran defensor de los demandantes de vivienda por contraposición a los realojados de la Corrala, ocultando deliberadamente que mientras los primeros optan a una adjudicación por un procedimiento de lista de espera, los segundos sólo aspiran a un techo provisional en virtud de un mandato judicial y con una fórmula prevista por la Ley y totalmente distinta de la adjudicación por registro.
Cultura de la rehabilitación.
“Queremos un país de propietarios, no de proletarios”. La frase la pronunció en 1957 el entonces ministro de Vivienda, el falangista José Luis Arrese. Y la política de vivienda ha sido durante décadas consecuente con esa máxima. El último boom inmobiliario sublimó esa tendencia. El círculo argumental parecía perfecto: la construcción no sólo generaba empleo y prosperidad, sino que permitía a todos los españoles tener su casa, que siempre podrían vender porque la revalorización especulativa sería inacabable.
El crash acabó con esa ficción, dejando a millones de familias hipotecadas de por vida y sin ingresos para hacer frente a los pagos. Ante esta situación, los Gobiernos españoles desde el inicio de la crisis optaron por rescatar a la banca con dinero público y permanecer impasibles ante la oleada de desahucios desatada, bloqueando iniciativas para la regularización de la dación en pago y el alquiler social.
Izquierda Unida parte de un diagnóstico empíricamente demostrado: la construcción masiva de viviendas no garantiza el ejercicio del derecho a la misma, como ha demostrado el fracaso del anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2009. La Consejería de Fomento y Vivienda elabora un plan que supone un contraplano perfecto de la lógica construcción-endeudamiento. El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2013-2019, que el Consejo de Gobierno prevé aprobar en el primer semestre del año, promueve el alquiler y la rehabilitación. Dicho Plan prevé intervenciones de rehabilitación y eficiencia energética en casi 95.000 viviendas, lo que supondrá la creación de más de 100.000 puestos de trabajo ligados a la economía productiva, con mayor protagonismo de pequeñas y medianas empresas.
Esta obra rehabilitadora permite además la captación de fondos europeos del marco 2014-2020, que por normativa no pueden ir dedicados a construcción de nueva planta y que de este modo se ponen al servicio de la creación de empleo y de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones contaminantes fijados por la UE. Similar filosofía subyace a la Mesa de la Construcción, instrumento transversal del Gobierno andaluz que parte también de la prevalencia de las tesis de IU sobre hacia dónde y cómo debe caminar el sector de la construcción para dejar definitivamente atrás la especulación. No en vano, el Decreto de Eficiencia Energética aprobado por el Gobierno andaluz crea un comité sectorial coordinado por Fomento y Vivienda cuya misión es poner coto legal a la especulación por primera vez en una comunidad autónoma.
La Ciudad Amable.
A todo ello se suma el programa La Ciudad Amable, que en su primera convocatoria financiará 52 actuaciones en otros tantos municipios andaluces, todas ellas intervenciones sencillas orientadas a ganar espacio para el peatón y la bicicleta en detrimento del coche, a cambiar la jerarquía viaria, a reordenar el espacio público para configurarlo como patio colectivo. 52 actuaciones austeras y transformadoras, pactadas con los ayuntamientos y fruto del diálogo con la sociedad civil y de la atención a sus demandas y necesidades reales, que supondrán una inversión de 11 millones de euros, cifra escasamente superior a la del Bulevar de Gamonal, convertido en paradigma de la obra faraónica y de escasa utilidad social que IU está dejando atrás.
El cambio radical emprendido por IU en las políticas de vivienda ni es sencillo, ni puede cubrirse en un día, ni por supuesto dejará de encontrarse a su paso con feroces resistencias. Pero sus resultados ya visibles continuarán llegando porque las políticas son fruto de la reflexión colectiva de la organización, de su diálogo con la sociedad civil organizada y del compromiso con la mayoría social de los hombres y mujeres que las lideran.
Pese a los cantos de sirena de los poderes dominantes, que se han lanzado a anticipar una supuesta recuperación económica que está lejos de sentirse entre las clases populares, los datos anticipan un recrudecimiento de los conflictos ligados a la vivienda: la dureza y duración de la crisis, con su correlato en el elevado y prolongado desempleo y en la merma de las ayudas a las familias, han llevado la morosidad hipotecaria a cifras récord; la banca continúa con el crédito cerrado pese a las multimillonarias cantidades de dinero público dilapidadas en su tranquilidad; y el Gobierno tapona y criminaliza cualquier iniciativa, social o institucional, destinada a paliar el sufrimiento de las víctimas de esta inmensa estafa...
En este contexto, Izquierda Unida reafirma desde la calle y desde las instituciones su compromiso con derecho humano a la vivienda y su función social, y comparte con los movimientos sociales la máxima “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”.
Como queda constatado, nuestra fuerza política lleva a cabo una acción profundamente transformadora en materia de vivienda a favor de la mayoría social, impulsando cambios estratégicos para resolver las situaciones de emergencia habitacional con que esta crisis golpea al pueblo. Izquierda Unida demuestra la utilidad de la política, tanto en las calles como en el gobierno.
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